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BRASIL

2019-11-08

Ahora sí, Lula Libre


Pasó 580 días como preso político. Hasta hoy. La propia Corte Suprema, que antes había avalado las arbitrariedades contra Lula decidió que debe prevalecer el principio constitucional de presunción de inocencia. El pueblo trabajador salió a las calles a celebrar la liberación de su líder.


Por Mariano Vázquez (@marianovazkez)


Tras un año y siete meses de injusticia, el Tribunal Supremo Federal (TSF) recordó súbitamente que en un país democrático la Constitución, los derechos elementales a un juicio justo y al principio de inocencia son los que deben primar. Fue una decisión ajustada. Seis votos contra cinco. La decisión podría derivar en la liberación de unos cinco mil presos en esa condición ya que se expidió sobre la inconstitucionalidad de la prisión en segunda instancia.


La potencia de esta decisión le permitiría a Lula a hacer campaña rumbo a las elecciones municipales del 2020. ¿Y ser candidato presidencial en el 2022? Hoy no porque le pesa una inhabilitación. La pregunta ronda en el aire, ¿la ultraderecha derecha enquistada en el poder lo permitirá?


Lula espera además que la Corte Suprema acepte el pedido de su defensa de nulidad del juicio organizado por el exmagistrado y actual ministro del gobierno, Sergio Moro.


 ¿Qué hará con él la justicia? Es una incógnita porque la propia Corte se vendó los ojos ante la actuación tendenciosa de Moro, y en complicidad con los fiscales, con un único fin: condenar al expresidente para que no pueda ser candidato en las elecciones del año pasado. La evidencia está a la vista: es probable que si se hubiese parado en seco esta actuación espuria hoy el mandatario de Brasil no sería Jair Bolsonaro.  


La indecencia de Moro se terminó de comprobar a partir de la investigación realizada por el portal The Intercept, que mostró la connivencia entre acusadores, fiscales y la elite política. 


Hay un detrás de escena de la hermosa imagen de hoy en Curitiba, arropado por el pueblo humilde que lo esperó en la puerta de la cárcel.


Tras el éxito del golpe parlamentario de 2016 contra la presidente constitucional Dilma Rousseff se inició la persecución contra Lula. Así nació la guerra jurídica (conocida por su término en inglés lawfare) contra el líder del PT a través de un oscuro personaje de la justicia federal de Curitiba, quien condenó sin pruebas a Lula. Se trata de Sergio Moro, un magistrado condecorado por el ejército con la Orden Militar al Mérito y en la Universidad católica de Notre Dame, en South Bell, Indiana, por sectores ultraconservadores estadounidenses que le celebraron la persecución al lulismo.


Recordemos que en enero de 2018, el TSF que este jueves ordenó la libertad de Lula había ratificado la sentencia de 12 años contra Lula. En abril es detenido y encarcelado en la sede de la Policía Federal en Curitiba y proscripto como candidato presidencial. Un día antes de esta decisión el comandante en jefe del Ejército de Brasil, general Eduardo Villas Boas, tuiteó: “El ejército brasileño juzga compartir el anhelo de todos los ciudadanos de bien de repudio a la impunidad y de respeto a la Constitución”. Este general fue el que distinguió dos semanas después a Moro. ¿Qué dirán los militares ahora?


Este fallo demuestra que la justicia ha manipulado el sistema legal para desprestigiar a Lula e influenciar negativamente a la opinión pública mediante la judicialización de la política.


El abogado constitucionalista Hugo Albuquerque responsabilizó al Poder Judicial de la crisis actual: “Su actuación condujo a la onda fascista”.


El letrado repudió la “hipertrofia y omnipresencia de los tribunales confundidos con aparatos policiales”, que derivó “en el agotamiento institucional que condujo a la candidatura de extrema derecha de Bolsonaro mediante la constante alimentación de un sentimiento anti-PT y anti-Lula”.


Como señala el jurista Wagner Francesco: “Este método es más eficiente y menos desgastante que ganar una elección, derrumbando a un opositor, usando una vía más destructiva y camuflada, que es la presentación de procesos judiciales frívolos que intimidan y persiguen a adversarios. Aquel que tiene más poder político y económico gana”.


El escenario de un Estado de derecho violando el derecho en busca de fines políticos es la regla en el Brasil pos golpe parlamentario de 2016. Es legal el abuso, la persecución, la mentira. Hoy parece repararse una porción de esa injusticia.


Hoy el mundo grita: “¡Lula libre!”



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