Pensamiento Crítico
COLOMBIA

2019-01-23

Exequias de la paz


El cobarde ataque terrorista del ELN contra una escuela de cadetes de la policía en Colombia beneficia al gobierno derechista de Iván Duque y al apologista de la guerra Alvaro Uribe. Se acrecentará así la violencia contra líderes campesinos, sindicales y defensores de derechos humanos.


Por Mariano Vázquez


El plebiscito sobre los acuerdos de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) se realizó el 2 de octubre de 2016. Las cifras escalofriantes de la violencia preveían que la reconciliación sería un clamor unánime. Pero no. Indiferencia y resentimiento fueron la expresión mayoritaria.


Premonitoriamente, el escritor William Ospina escribió: “Lo alarmante del plebiscito de octubre de 2016 no es que el No haya ganado con el 20 por ciento de los votos, y ni siquiera que el Sí apenas haya obtenido menos del 20 por ciento, sino que el 80 por ciento de la población le haya dado la espalda a un proceso que era una gran oportunidad para el país. Porque una indiferencia del 60 por ciento y un rechazo del 20 por ciento prometen poco en términos de aclimatación social de una paz que no puede llegar si la ciudadanía no se la apropia, una paz que en realidad ni siquiera hay que hacer con la ciudadanía sino en la ciudadanía. La paz tienen que ser los ciudadanos: solo ellos pueden ser la convivencia y la reconciliación, solo ellos pueden ser el perdón y la memoria, la solidaridad y la construcción de otra dinámica de la vida en comunidad”.


Tras el atentado del jueves 17 de un coche bomba contra la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional General Santander en el sur de Bogotá, que dejó al menos 21 muertos, incluido el presunto atacante, y unos 80 heridos, el presidente Iván Duque dijo: "Demencial acto terrorista no quedará impune, los colombianos nunca nos hemos sometido al terrorismo, siempre lo hemos derrotado, esta no será la excepción".


La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) admitió la autoría del atentado terrorista y responsabilizó a Duque por “realizar ataques militares en contra nuestra, en todo el territorio nacional. Pese a ello, cumplimos rigurosamente el cese unilateral de operaciones ofensivas entre el 23 de diciembre de 2018 y el 3 de enero de 2019”.


Según el ELN, el Gobierno aprovechó el cese para “avanzar las posiciones de sus tropas de operaciones, ganando ubicaciones favorables difíciles de conseguir sin el cese” y calificó al ataque como una “operación lícita” ya que en la academia policial “reciben instrucción y entrenamiento los oficiales que luego realizan inteligencia de combate, conducen operaciones militares, participan activamente en la guerra contrainsurgente”.


La respuesta de Duque fue romper la mesa de negociaciones con el ELN y reactivar las órdenes de captura internacionales contra el secretariado de esa guerrilla. Analistas internacionales advierten que esto viola los protocolos de diálogo.


La división en la sociedad colombiana se explicitó en las dos manifestaciones que se realizaron el domingo 20 en todo el país. En Bogotá, una transcurrió en el Parque Nacional, identificada con el expresidente Álvaro Uribe, un opositor acérrimo a cualquier acuerdo de paz; la otra, en el centro de Memoria Histórica, convocada por sectores progresistas. 

 

La polarización


“Qué grave que la paz hubiera sido un proceso de sometimiento del Estado al terrorismo”, escribió en su cuenta de twitter el hoy senador del Centro Democrático Álvaro Uribe. Su hijo Jerónimo no dejó pasar la oportunidad de insuflar más odio: “Se sabía que la paz de (expresidente Juan Manuel) Santos era una farsa. Enfrentar el mar de coca, minería ilegal y corrupción que dejó es un tremendo reto para el presidente Duque”.


“Me duele que el tiempo nos dé la razón. No se puede combatir a los bandidos con indultos y curules”, añadió la diputada Ángela Hernández.


Otro uribista torpedeó el proceso de paz: “Santos pregonó por todos los rincones del mundo que él había logrado la paz en Colombia y por eso le dieron el Nobel. Mucha gente se lo creyó. Ayer muchos se dieron cuenta que esa tal paz era otra de las mentiras de Santos”, trinó el exsenador Juan Carlos Vélez.


Desde el espectro progresista, el máximo líder opositor, Gustavo Petro tuiteó breve pero contundente: “Terrorista es el que quiere mantener la guerra”.


La líder social Piedad Córdoba puso en la agenda los asesinatos de líderes sociales, sindicales y de derechos humanos que el uribismo calla: “La madre que entierra a un hijo líder social y la madre que entierra a un hijo policía son las mismas, su dolor es el mismo. Que marchantes no acepten consignas a favor de los líderes sociales asesinados evidencia que en efecto, la marcha está politizada”.


El vicepresidente de la Confederación General del Trabajo (CGT) y vicepresidente 3º de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE), Percy Oyola, clamó: “No podemos renunciar a la paz, en solidaridad con las víctimas, por líderes sociales y sindicalistas y por lo 21 Jóvenes de la Escuela de Oficiales de Policía General Santander. ¡Hay que detener la violencia ya!”


Gabriel Becerra, secretario general de la Unión Patriótica, señaló que “el uribismo explota el dolor de las víctimas para justificar su agenda política. Sin un enemigo interno con qué desviar la atención no tienen futuro”.


El académico Joaquín Robles se refirió a Uribe: “Sus tuits son un lanzallamas a la paz del país. Si lo dejáramos, no dudaría en iniciar una nueva guerra con el saldo trágico de cien generaciones de muertos”.


La violencia


Gilberto Valencia, Wilmer Miranda, Antonio Gutiérrez, Wilson Pérez, Maritza Quiroz y José Solano. Sus rostros no figuran ni en la agenda ni en las marchas del uribismo. Se trata de  figuras destacadas en la defensa de los derechos campesinos, el medio ambiente, los derechos laborales. Fueron asesinadas en el puñado de días que lleva el 2019.


Hace poco más de dos años, la esperanza mundial en las negociaciones entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP y su posterior aprobación parlamentaria, tras el fracaso plebiscitario, auguraban el cierre de este ciclo ignominioso. Sin embargo, las organizaciones Indepaz, Marcha Patriótica y Cumbre Agraria informan que en este período un promedio de 300 líderes campesinos, sindicales y defensores de derechos humanos fueron asesinados.


No hubo lamentaciones oficiales ni de los sectores que responden a Álvaro Uribe por el horror que entraña esta lista luctuosa. 


Colombia lleva más de un siglo de crueldad política. Tal es la magnitud, que se denomina al período comprendido entre 1946 y 1966 como La Violencia. Asesinatos, persecuciones, masacre contra adversarios políticos caracterizaron esa confrontación entre los partidos Liberal y Conservador.


En aquel entonces, Colombia contaba con once millones de habitantes. La quinta parte de la población sufrió las consecuencias de La Violencia. Dos millones de persona debieron huir, las cifras hablan de 250.000 muertos. 


Pretender torcer la matriz conservadora implicó siempre en Colombia persecución, desaparición, tortura y muerte.


Desde aquel 15 de octubre de 1914, cuando el dirigente Rafael Uribe Uribe —defensor acérrimo de los trabajadores colombianos y cuyo ideario de nación promulgaba un estado sindical-socialista— fue asesinado, el país transita oleadas de violencia sin tregua. Podemos contabilizar los magnicidios de los líderes liberales Jorge Eliécer Gaitán (1948) y Luis Galán (1989); la irrupción de las guerrillas liberales, la república independiente de Marquetalia, la insurgencia rebelde de las FARC, el M-19 o ELN; también los fallidos procesos de paz que dieron lugar a las masacres contra los miembros de esos grupos insurgentes que se convirtieron en partidos políticos, como ocurrió con el genocidio contra la Unión Patriótica y la Alianza Democrática M-19. También la emergencia del paramilitarismo, los 5.000 jóvenes secuestrados  y asesinados por el ejército  para hacerlos pasar por supuestos guerrilleros caídos en combate, casos conocidos como falsos positivos; el narcotráfico y las bases militares de los Estados Unidos. Este cóctel de lucha de clases, violencias múltiples y rencores no cesó. Por eso, las estadísticas son estremecedoras.


El Registro Único de Víctimas del Gobierno de Colombia –que tilda 1964 como inicio de la violencia en el país, la fecha de nacimiento de las FARC– indica que los afectados por el conflicto armado son 8.376.463; que 7.134.646 sufrieron desplazamientos forzados; que 983.033 fueron asesinados; que 165.927 están desaparecidos; que 10.237 fueron torturados y 34.814 secuestrados.


Hoy 2.500 terratenientes son dueños del 52 por ciento de las tierras productivas del país. Sin resolver esta deuda histórica tampoco habrá paz.


La dupla cínica que conforman Uribe-Duque hará lo imposible para enterrar cualquier atisbo de democratización en Colombia y eso lo garantizaban los Acuerdos de Paz.


Isauro Yosa, uno de los emblemas de las luchas por la reforma agraria, que se enmontañó allá por la década del `40, hablaba de que en Colombia “sabíamos que la calma era corta”, por eso, “si la paz anochecía, no amanecía”. 



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